Por Emmanuel Sánchez Reyes

El escaso registro de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito y el alto riesgo en el que se encuentran, desvanece el goce de sus derechos.

El Estado mexicano tiene la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar el goce de los derechos humanos como lo menciona el artículo primero constitucional, sin embargo, las políticas públicas en el tema migratorio han sido objeto de diversas críticas. Una de ellas, por las acciones de contener el tránsito de las personas centroamericanas.

Esta contención ha generado que las violaciones a los derechos humanos de quienes pretenden ingresar al territorio mexicano o de quienes logran transitar en él se incrementen, no sean debidamente investigadas y estas personas se encuentren en constante riesgo.

Desde la óptica de los derechos humanos es importante visibilizar lo invisible; por tanto, es importante documentar e investigar las violaciones a los derechos humanos a fin de educar sobre la materia, emitir normas, asistir a las víctimas, concretizar el acceso a la justicia y establecer un registro histórico que permita identificar las necesidades para dar respuesta a las mismas.

Se ha observado que los riesgos más importantes para las personas migrantes son: el tráfico y la trata de personas, las detenciones y deportaciones irregulares en su contra, la violencia generada en las regiones fronterizas; y éste se potencializa en grupos de mujeres; niñas, niños y adolescentes no acompañados; personas indígenas, e integrantes de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI).

De acuerdo con Enrique Eguren, en su manual de protección para los defensores de derechos humanos, el riesgo guarda una relación entre las amenazas, el grado de vulnerabilidad y la capacidad de respuesta de una persona o grupo para conseguir un grado de seguridad.

Tanto el registro como la documentación de los casos, son acciones tendientes a incrementar la capacidad de respuesta, por ello es importante la labor de los organismos públicos de derechos humanos. En Tlaxcala, por ejemplo, se ha implementado una guía metodológica que indica los requerimientos mínimos para la entrevista, el análisis de riesgo, así como guías especializadas para la documentación e investigación, en casos de tortura, ejecuciones arbitrarias de personas migrantes, violaciones al derecho a la salud, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, trata de personas y el debido proceso y acceso a la justicia.

La guía es resultado de trabajos de distintos organismos públicos de derechos humanos (OPDH) y de organizaciones de la sociedad civil de México y Centroamérica, que integran la Red DH Migrantes.

La tendencia de los OPDH frente a los retos que plantea la migración sigue siendo enfatizar que la dignidad de la persona no está supeditada a líneas fronterizas, que la memoria histórica es pieza importante en la construcción de los mecanismos y políticas públicas que garantizan el goce de un derecho; sin embargo, la dificultad para atender e investigar violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes visibiliza lo importante que es la homologación de procedimientos de actuación, documentación e investigación de violaciones a derechos humanos, entre los diversos sectores institucionales de México.

Finalmente, el reconocimiento de los derechos y subderechos de las personas migrantes será proporcional al pronunciamiento e identificación de sus necesidades.

Defensor de derechos humanos de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil de la Comisión Estatal de Derechos Humanos