Senadora Adriana Dávila Fernández

“Es necesario que tomemos en serio los derechos humanos, que comprendamos que los mismos son el elemento básico para sustentar los cambios que como país demandamos, para lograr un México más justo e incluyente, con un verdadero Estado de Derechos y una institucionalidad fuerte, en donde la corrupción y la impunidad no tienen cabida y todas las personas cuentan con un entorno que les proporciona las condiciones necesarias para su desarrollo pleno”. Luis Raúl González Pérez

En la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, rindió su Informe Anual de Actividades 2015, ahí destacó que el problema de los derechos humanos en el país no se puede asumir como parte de la “normalidad”, que tiene como sustento la injusticia, ilegalidad, violencia, simulación, corrupción e impunidad.

Las entidades federativas con mayor número de violaciones a los derechos humanos son el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con 2 mil 350 casos; 791 en el Estado de México; 613 en Tamaulipas; 468 en Veracruz; 422 en Sonora; 405 en Chiapas; 354 en Jalisco; 349 en Oaxaca; 302 en Nayarit y 299 en Michoacán.

Durante 2015, la CNDH emitió 60 recomendaciones a 42 autoridades, entre las que destacan el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional de Seguridad, el Instituto Nacional de Migración (INM), Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno estatal de Chiapas y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); una de ellas por violaciones graves a los derechos humanos por los hechos ocurridos en Apatzingán.

También se inició el trámite de 27 mil 867 nuevos expedientes, de los cuales 9 mil 980 correspondieron a quejas propiamente dichas; 8 mil 252 fueron orientaciones directas, 9 mil 003 remisiones y 632 inconformidades, lo cual representó un incremento del 12 por ciento, respecto del año anterior, además, se concluyó un total de 28 mil 634 expedientes.

Es necesario detenerse en lo relativo al desempeño de los servidores públicos; de las denuncias presentadas como presuntas violaciones de los derechos humanos, destacan -por su frecuencia-, la prestación indebida del servicio público en 3 mil 152 casos, lo que indica un severo obstáculo para el fortalecimiento de las instituciones; mil 871 denuncias por falta de honradez, legalidad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de los funcionarios; se omitió proporcionar atención médica en mil 697 ocasiones, a las que se agregan 490 quejas de personas que sufrieron negligencia médica; se dieron 879 detenciones arbitrarias; se presentaron 663 casos con trato cruel, degradante o inhumano.

Los migrantes vieron trasgredidos sus derechos humanos 602 veces con acciones u omisiones específicas, entre otras.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha trabajado para que, como lo resume su titular, «la sociedad conozca y entienda de mejor forma las funciones que ejerce este organismo nacional y el alcance que pueden tener las mismas… para atender los legítimos reclamos de las personas y asumir la promoción y defensa de sus derechos fundamentales, maximizando sus capacidades y recursos».

Es innegable que se requieren programas específicos que permitan, por un lado, supervisar el desempeño público para detectar fallas y omisiones que inhiban las prácticas inadecuadas, así como capacitar y sensibilizar a las distintas autoridades sobre la procuración y garantía de los derechos humanos.

Aún tenemos una deuda con los derechos humanos, puesto que la corrupción, la impunidad y la aplicación discrecional de la ley prevalecen, elementos que han contribuido a que la credibilidad de los mexicanos en las instituciones sea cada vez menor. Necesitamos acciones eficaces y oportunas, más que teoría de defensa de los derechos humanos.

Nos enfrentamos al problema de que la autoridad misma no tiene la voluntad de avanzar en esta materia, a pesar del decir del ejecutivo de que los derechos humanos son su prioridad.

Muchas de las recomendaciones emitidas por esta comisión a diversas autoridades han estado relacionadas con casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, mala práctica de servicios médicos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión, afectaciones a los derechos de migrantes y de pueblos indígenas, daño al patrimonio cultural de la nación, al medio ambiente, entre otros más, no han prosperado, precisamente por la reticencia que dichas autoridades han demostrado.

La realidad es que a la fecha, ante la denuncia pública que han hecho las y los ciudadanos, no han visto mejoras ni en su nivel de vida ni en su desarrollo personal.

El emitir recomendaciones para que se atiendan las violaciones a derechos humanos no es suficiente, dado el comportamiento institucional al que nos hemos enfrentado, nosotros como legisladores debemos dar seguimiento a que se cumpla todo aquello a lo que las autoridades se han comprometido.

LAS PRIORIDADES LEGISLATIVAS DE ACCIÓN NACIONAL

Arrancó el segundo período de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Muchos son los pendientes para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, por lo que los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional en el Congreso de la Unión tienen como prioridades impulsar el aparato productivo, la competitividad para generar más y mejores empleos; se trata de transitar de un salario mínimo a un salario digno.

Se trabajará en las leyes secundarias para fortalecer el andamiaje jurídico para combatir, de forma más eficiente y coordinada, el grave problema de corrupción.

De igual forma, se revisará la disposición normativa vigente para contar con condiciones que garanticen la seguridad de la población.