Senadora Adriana Dávila Fernández

La semana pasada, los mexicanos conocimos de dos casos relevantes que deben alertar sobre la dimensión del combate al delito de trata de personas en México: uno, es la venta de menores de edad, en el que presuntamente se encuentra involucrado personal del DIF en el estado de Sonora, y el otro es el referente a la detención de presuntos responsables de una organización delictiva de alcance trasnacional dedicada al tráfico de personas en los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero.

En Sonora fue descubierta una banda de traficantes de menores de edad y se logró recuperar a 9 niños; hasta el momento, están consignadas 16 personas presuntamente involucradas en los probables delitos de sustracción y tráfico de menores -2 servidores públicos y 14 son parejas y madres solteras- que se supone recibieron fuertes sumas de dinero (desde 80 y hasta 150 mil pesos) por la obtención ilegal de un bebé.

Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, de 30 años de edad, subdirector en la Procuraduría de la Defensa del Menor, a cargo de la Línea Protege, y José Manuel Hernández López, de 38 años de edad, asesor jurídico del Sistema DIF estatal e integrante de la Unión Ganadera Regional de Sonora, son los servidores públicos imputados, que por tener acceso a la información de personas y parejas que estaban en lista de espera para adoptar, se beneficiaban económicamente a cambio de entregar niños a padres de familia, con todo y documentación para registrarlos como sus hijos biológicos.

Desde el 2012, se aprovecharon de mujeres en estado de vulnerabilidad, a punto de dar a luz en el Hospital de la Mujer, dispuestas a entregar a sus bebés. Al respecto, el procurador general de Justicia del estado señaló que continúa la investigación y búsqueda de más menores desaparecidos.

Ante los hechos denunciados -que seguramente no sólo se circunscriben a esta entidad federativa- nos enfrentamos a la delicada situación de una evidente desarticulación entre autoridades de los diferentes niveles de gobierno, en lo que es la detección y la sanción de delitos tan graves como la trata de personas y explotación.

Vale la pena destacar que a la fecha contamos con una buena cantidad de ordenamientos que garantizan los derechos de las personas menores de edad y hasta los 18 años; mientras los operativos y acciones de las autoridades responsables del combate al delito de trata de personas sólo se enfocan a conductas sexuales, ocurren cientos de casos como éste, o como lo sucedido en Casitas del Sur o Mamá Rosa, que por cierto, siguen sin respuesta alguna para niñas y niños que han sido víctimas.

Lo cierto es que hay que esclarecer la configuración del delito de trata de personas, pues es evidente la comercialización de seres humanos, así como la posible explotación de mujeres con fines de reproducción, aprovechándose o no de su situación de vulnerabilidad.

La falta de investigación y trabajo de inteligencia no permiten identificar y desarticular redes de delincuencia que se dinamizan cada día, a pesar de las graves inconsistencias de la ley vigente en materia de trata de personas, que no configura la explotación de mujeres para tener hijos y separarlos de ellos, y que también es ambigua e imprecisa en cuanto a la explotación con fines de adopción ilegal; es obligación de las autoridades aplicar la legislación nacional e internacional que supla estas deficiencias y vele por el interés superior de la infancia y de la mujer.

El otro acontecimiento es sobre el informe de la Procuraduría General de la República (PGR) que, con un trabajo conjunto con autoridades de Guatemala y El Salvador, así como el apoyo de los Estados Unidos, hizo posible la detención de presuntos responsables de una organización delictiva –de alcance trasnacional-en Guerrero, Oaxaca y Puebla, dedicada -entre otros delitos- a la trata de personas de migrantes, que eran trasladados por vía marítima a Salina Cruz, Oaxaca y, posteriormente por vía terrestre a distintas entidades federativas para terminar en la frontera norte del país. Entre sus víctimas había niños que no estaban acompañados.

La PGR detalló que el trabajo realizado es producto de una investigación emprendida desde hace meses por la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), conjuntamente con la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO). La investigación incluyó el cateo de 10 inmuebles en donde se aseguró dinero, tarjetas, documentación bancaria, vehículos, teléfonos celulares y armas de fuego.

Es importante destacar que la SEIDO, en colaboración con el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Marina y la Policía Federal, coordinó las acciones; adicionalmente se apoyó en el Sistema de Agregadurías de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, es decir, para estos resultados se realizó un trabajo de investigación coordinado de inteligencia, de seguimiento para identificar los elementos delictivos, configurar los delitos y así lograr desarticular la organización criminal.

Además de los hechos comentados, como presidenta de la Comisión ordinaria Contra la Trata de Personas del Senado de la República, agregaría con preocupación lo que se señala en el Reporte Anual sobre Trata de Personas 2015 (caso México), del Departamento de Estados Unidos, sobre que “En muchas partes del país los esfuerzos de la ley se enfocaron en investigar los bares y clubes nocturnos por irregularidades administrativas, en lugar de generar operativos con base en inteligencia en contra de los tratantes. Organizaciones no gubernamentales reportaron que la ambigüedad de la ley ocasionó que algunos oficiales buscaran a la gente involucrada en la prostitución en lugar de buscar individuos sometidos por medio de la fuerza, el fraude o la coerción”.

Esto significa que en el país hacen falta estrategias de investigación y coordinación entre dependencias para impulsar políticas públicas que permitan prevenir, sancionar y erradicar cualquiera de las formas de trata de personas con fines de explotación.

En el esquema ideal para alcanzar la eficiencia contra los delitos en esta materia, deben incluirse investigaciones a fondo y modificaciones al marco jurídico vigente. Los trabajos de inteligencia e investigación son fundamentales para resolver con eficiencia los casos señalados y poner a disposición de las autoridades correspondientes a los tratantes.

Los operativos no deben quedarse en el plano mediático, de reflectores que poco abonan a la impartición de justicia para las víctimas.

De igual forma, y a la luz de los hechos, las autoridades deben realizar operativos para perseguir los delitos denunciados, en el caso de los menores de edad. Pero no se deben omitir a los Jornaleros de San Quintín o los recién liberados de Coahuila.

En todos ellos, debe subrayarse que no se cuenta con un seguimiento puntual en las investigaciones. No hay respuestas concretas.

A pesar de las graves inconsistencias y omisiones del texto vigente en materia de trata de personas, pues no se configura la explotación de mujeres para tener hijos y separarlos de ellos, también es ambigua e imprecisa en cuanto a la explotación con fines de adopción ilegal; es obligación de las autoridades aplicar la legislación nacional e internacional que supla estas deficiencias para velar por el interés superior de la infancia y de la mujer.

Con respecto al tema migratorio, es prioritario esclarecer la configuración del delito de trata de personas, pues es evidente la comercialización de seres humanos, así como la posible explotación de mujeres con fines de reproducción, aprovechándose o no de su situación de vulnerabilidad.

En el Senado de la República existe preocupación porque las autoridades responsables de prevenir, perseguir, investigar, sancionar, inhibir y erradicar el delito de trata de personas, no cuentan con un instrumento jurídico robusto que les permita cumplir con su cometido.

Es urgente continuar con los procesos de investigación para desarticular las redes delictivas nacionales e internacionales; no se debe olvidar que son delitos muy lucrativos que con seguridad, transitan y operan en todos y cada uno de los estados de la República Mexicana.

Para el ejercicio legislativo de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores se presentarán las propuestas de modificación correspondientes, que atienden las observaciones, comentarios y propuestas de los especialistas en la materia, autoridades responsables, académicos y organizaciones de la sociedad civil para mejorar la ley vigente.