Por Ivonne Leyva

Una de las novedades que la reforma electoral estableció, es el rebase en los topes de gastos de campaña como causal de nulidad en la elecciones, y a decir de la autoridad administrativa electoral contribuyó a inhibir los gastos excesivos de los partidos y los orilló a ser más cuidadosos, ya que el nivel de fiscalización se incrementó.

Y es que a través de información vertida por el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, la cooperación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que proporcionaron información para dar seguimiento a los recursos en las campañas electorales, sin duda fue parte del éxito de esta fiscalización y es que los ciudadanos que fueron registrados como candidatos sabrán que el INE estaba muy pendiente de la fiscalización, y de la autenticidad de las facturas expedidas y para redondear este círculo se obligó, perdón, se exhorto a los proveedores a registrarse en el padrón de proveedores operado y fiscalizado también por la misma autoridad electoral.

Como resultado de este trabajo, se detectaron irregularidades en la fiscalización de ingresos y gastos correspondientes a las campañas de 2015, por lo que el INE impuso a los partidos políticos y coaliciones poco más de 392 millones de pesos derivados de las multas lo que representa poco más de 6% de los recursos involucrados en las campañas electorales.

Y es que el modelo de fiscalización se hizo más exhaustivo y expedito, ya que se estableció que ésta se debe concluir 40 días después de la jornada electoral, mientras que en el pasado los partidos y candidatos presentaban sus informes de gastos 60 días después de que se celebraba la elección y luego la autoridad electoral tenía cinco meses más para ir analizando los informes.

Y aun cuando en un principio se contrató a una empresa extranjera para diseñar el modelo de fiscalización en línea, fue que a partir del incumplimiento de dicha empresa salió al quite la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con lo que permitió el reporte en tiempo real y por ende más eficiente la fiscalización; en conjunto se fiscalizaron recursos públicos de 13 mil 500 candidatos registrados mismos que realizaron un millón 96 mil operaciones financieras.

Lo mejor es que se destinarán al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ya que los recursos provenientes de las multas impuestas en el ámbito federal van al Conacyt, mientras que las correspondientes al ámbito local se canalizarán a los institutos que promueven la ciencia y tecnología en las entidades federativas.

Aunque como todo tiene sus bemoles, lo cierto es que los resultados fueron positivos, ya que los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes tuvieron que ser muy cuidadosos en cuanto al uso de los recursos públicos, aunque sabemos que en México todo se puede…para bien o para mal.

Agradezco la lectura a este espacio de opinión y espero sus comentarios al correo electrónico Ivonne_ley@live.com .mx.