Por Herlindo Pérez Ramírez*

México, actualmente, está dotado de instrumentos jurídicos tendientes a reconocer los derechos humanos y a garantizarlos, muestra de ello es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislación secundaria, además de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, tal es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Así, cuando existe una violación a los derechos fundamentales se cuenta con la normatividad para poder protegerlos, ya sea de manera jurisdiccional -a través del juicio de amparo, por excelencia- o de manera no jurisdiccional –por medio de las Comisiones de Derechos Humanos-.

También se debe observar que la legislación en la materia está en constante cambio, de modo tal que la ley constantemente se perfecciona para proteger, de manera más eficaz, los derechos humanos, cumpliéndose así con el principio de progresividad.

Esta dinámica nos permite sostener que la protección a los derechos humanos se ha convertido en un tema prioritario en la agenda del Estado mexicano que, además, no tiene marcha atrás.

En este orden de ideas, todo aquél que se desempeñe como autoridad está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ya que así se desprende de lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Federal que, en su tercer párrafo, establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Sin embargo, en la realidad social se puede advertir que las violaciones a derechos humanos están a la orden del día, esto es, que las autoridades, a pesar de la legislación en vigor para proteger derechos fundamentales, incurren en actos u omisiones que vulneran dichos derechos.

Lo anterior nos lleva a sostener que algo falta por hacer porque las autoridades, cuando violan derechos humanos, lo hacen, a veces, con toda la intención pero también por desconocimiento de la ley.

Así, considerando que los derechos humanos se pueden violar porque la autoridad desconoce la ley, resulta indispensable que se redoblen esfuerzos para evitar que esto continúe y, en consecuencia, se debe apostar cada vez más a la prevención. El planteamiento anterior implica que todas las dependencias públicas deben estar en constante capacitación en materia de derechos humanos, pues la realidad así lo exige.

Es evidente que algunas dependencias públicas simplemente se niegan a poner atención en este tema. No obstante, es necesario que en cada institución exista un programa diseñado para que todos sus servidores públicos conozcan los derechos fundamentales.

Sólo a través de esa forma de prevención se evitarán violaciones recurrentes a derechos humanos. Incluso, algunos especialistas afirman que en un futuro no muy lejano cada institución pública deberá estar certificada para garantizar que sus servidores públicos no violan derechos humanos.

Con un avance como el descrito en el párrafo anterior se daría un paso importante y decisivo en la promoción, respeto y protección de los derechos fundamentales, pero para llegar a ese punto es necesario que se instrumenten los mecanismos jurídicos y administrativos que lo hagan posible.

Finalmente, quiero dejar un mensaje muy claro y muy breve para todo servidor público en el sentido de que, por interés propio, conozca la legislación aplicable en materia de derechos humanos en aras de que mejore su desempeño en la función pública.

*Defensor de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos