Tlaxcala| José Luis Ahuactzin.- Un pleito de competencia entre jueces de lo penal y del nuevo sistema acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala (TSJE), dejó en evidencia la debilidad, inoperatividad y desconocimiento en la impartición de justicia, pues ocasionó que una persona estuviera privada de su libertad por 4 meses ya que el delito de robo del que se le acusó no fue debidamente encausado.

Para determinar la competencia del juez para que dictara la sentencia, fue necesario que los 3 magistrados de la Sala Penal del TSJE intervinieran para definir la competencia y se emitiera la sanción al señalado para que recuperara su libertad.

No obstante a esta definición de competencia, la audiencia pública por este caso fue llevada a cabo a las 9 de la noche del pasado 2 de junio, en lo que fue considerado por los defensores del inculpado como una práctica de opacidad para evitar evidenciar el conflicto entre los jueces.

De acuerdo con los hechos, el detenido fue asegurado por el delito de robo el pasado 4 de febrero, por haber sustraído un paquete de refrescos de un comercio ubicado en la comunidad de San Gabriel Cuauhtla, en la capital del estado.

Una vez que fue puesto a disposición al Ministerio Público, se determinó como competencia jurisdiccional al juzgado segundo en materia penal del distrito judicial de Guridi y Alcocer, pues el delito fue encuadrado a robo calificado y su competitividad –presumían- era con el anterior sistema de justicia, por ser delito grave.

Pero el juez de la causa al tener en sus manos el expediente y analizar los hechos del robo, determinó un reencauzamiento y sentenció que era materia del Juez del sistema de corte adversarial, acusatorio y oral, por ser un delito no grave: robo no calificado.

Una vez remitido el expediente a la nueva instancia, Juez del sistema de corte adversarial, acusatorio y oral del distrito judicial de Guridi y Alcocer de jurisdicción mixta, desechó el expediente y sugirió en autos que era competencia del Juez segundo de lo penal, por lo que inició la controversia de jurisdicciones entre los jueces del TSJE para emitir la sentencia.

Por ese hecho, el detenido y remitido al Centro de Reinserción Social (Cereso), solicitó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), por la dilación de la justicia, pues el agraviado del robo no quiso en ningún momento conciliar con el sujeto a proceso.

Tras 4 meses, el 2 de junio pasado se llevó a cabo la primera audiencia pública como parte de los procedimientos en el nuevo sistema de justicia penal, pues e Juez de Control correspondiente vinculó a proceso al detenido y dictó medidas cautelares al sujeto acusado de robo de un paquete de refrescos.

Así el asaltante es obligado a acudir a firmar cada 15 días por ser procesado y una orden de restricción de cercanía con las víctimas.