Tlaxcala| José Luis Ahuactzin.- Por el intento de coartar la libertad de prensa, condicionar convenios publicitarios y pretender obtener las fuentes de donde se obtiene la información, fue oficializada una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en contra del presidente del Comité de Administración del Congreso de Tlaxcala, Javier Vázquez Sánchez y la diputada Evangelina Paredes Zamora.

A las 11 horas de esta mañana, el periodista y director del portal digital Gentetlx, Edgardo Cabrera Morales presentó la queja en el organismo y será la visitaduría de Chiautempan quien se haga cargo de la indagatoria.

De acuerdo con el escrito de queja, señala que “atentaron contra mi derecho constitucional de mantener en secrecía mis fuentes informativas lo cual se encuentra consagrado por los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Además de ello, señala que “el secreto profesional de los periodistas está protegido ya que garantiza a su vez los derechos a la libertad de expresión y de información, por lo que considero como grave el intento de ambos legisladores por cuartarlos…”.

Ante esta situación detalló que es urgente denunciar las violaciones a las garantías cometidas por ambos legisladores locales.

De acuerdo con los hechos, refiere que fue el pasado de 15 abril, la directora de comunicación social del poder Legislativo, Carmen González, lo citó en los oficinas del Comité de Administración y ya ahí fue “comparecido” por la publicación de la información de los 25 familiares y allegados que sindicalizaron un grupo de 22 legisladores.

Denunció que la reunión pactada por Carmen González Altamirano fue para establecer un acto inquisitorio contra tres directores de medios de comunicación.

Dentro de la queja presentada, el documento detalla que existe como evidencia un audio-grabación de los hechos narrados respecto de la censura y condicionamiento de los legisladores en los convenios publicitarios.

No obstante a ello, a la queja se podrían sumar más directores de medios para robustecer la denuncia por violaciones a las garantías como a la Carta Magna.