-En congresos locales y asamblea legislativa del DF

Sen. Adriana Dávila Fernández

El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente a Niñas, Niños y Mujeres, que se conoce como el Protocolo de Palermo, define a la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, que recurre a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.

Por su ubicación geográfica, México es territorio de origen, tránsito y destino de la trata de personas. Aunque no se cuenta con metodologías específicas para captar y difundir cifras precisas, cada año se incrementa el número de casos de este delito, que por lucrativo y redituable está dentro de los 3 primeros ilícitos a nivel nacional, abajo del tráfico de estupefacientes y el robo de combustible.

Lo lamentable de este crimen en las distintas modalidades de la trata de personas, es que violenta derechos humanos básicos como la vida, la libertad y la dignidad, así como el libre desarrollo de la personalidad, y en cada una de las entidades de la República se presenta con ciertas particularidades.

Según el diagnóstico presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a finales del año pasado, desde la aprobación de la ley vigente hasta junio de 2014, sólo se han dado mil 469 averiguaciones previas, 490 consignaciones y 103 sentencias, sin saber si éstas son condenatorias o absolutorias.

Ante esta información que habla por sí misma, debemos crear espacios de discusión parlamentaria para analizar, debatir, proponer y, en su caso, modificar lo que tenga que cambiarse.

Desde el Congreso de la Unión, junto con los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, podemos trabajar conjuntamente para intercambiar ideas, propuestas, experiencias y conocimientos en la materia; coordinar esfuerzos y unificar criterios legislativos que enfrenten este delito.

Si bien es innegable que hemos logrado visibilizar el delito y que la sociedad en su conjunto se ha sensibilizado sobre este asunto, también es prioritario redoblar esfuerzos y mejorar los mecanismos de comunicación para hacer eficiente el ejercicio legislativo.

Ya se han celebrado dos Conferencias Nacionales de Legisladoras y Legisladores contra la trata de personas en el Senado de la República. En ese espacio de discusión y debate parlamentario, los participantes han manifestado su inquietud de no tener una comisión que dé seguimiento puntual al tema. Además, han coincidido en la conveniencia de estos ejercicios, que, por una parte, permiten conocer lo que se hace en diferentes instancias para combatir este crimen, y por la otra, se da coordinación y comunicación constante entre los Congresos Locales y el Congreso Federal para tener retroalimentación sobre este problema.

Por lo complejo de la trata de personas, lo prioritario es contar con elementos jurídicos que clarifiquen las modalidades en que se presenta, para manejar y entender los mismos conceptos y realizar, con oportunidad, el trabajo parlamentario que prevenga, combata, sancione, inhiba y erradique este delito.

Por ejemplo, es urgente realizar modificaciones desde el ámbito legislativo local, para que se pueda distinguir entre una Ley Federal y una General, se eviten confusiones de naturaleza jurídica, y se redacten de manera correcta los tipos penales, entre otros aspectos. La trata es el enganche o la acogida, el fin, es la explotación. Por eso se menciona a la trata con fines de explotación en alguna de sus modalidades, como sexual, servicio o trabajo forzado, mendicidad, entre otros.

Por ello, el pasado 26 de marzo, el Senado de la República aprobó un exhorto para que congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal impulsen la creación de Comisiones Ordinarias contra la trata de personas, que faciliten el conocimiento, la coordinación y la colaboración para enfrentar con eficacia este delito. Resulta fundamental que cuenten con instrumentos y recursos para: cumplir las funciones que la ley general ya establece, así como crear, modificar y aprobar leyes, en distintos ámbitos, que coadyuven a prevenir, combatir, sancionar y erradicar la trata de personas, que cada día se conoce menos y avanza más.

RECUENTOS DE CAMPAÑAS ELECTORALES

Con un significativo nivel de desconfianza de las y los ciudadanos hacia los partidos políticos, arrancarán las campañas electorales de las y los candidatos que aspiran a representar a Tlaxcala en la Cámara de Diputados.

Oportunidad para conocer trayectorias, analizar, confrontar y evaluar propuestas; valorar rostros y voces que, a final de cuentas, representan a diferentes organizaciones políticas.

Como ciudadana, aspiro a contar con información suficiente para conocer todas las propuestas que se someten a consideración del electorado. Se requieren contiendas electorales equitativas y transparentes, además de un árbitro electoral que aplique el marco jurídico.