Por Ivonne Leyva

Derivado de la pasada reforma electoral de 2014, el legislador amplió las facultades no sólo del Instituto Nacional Electoral, sino también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocido como TRIFE, quien tiene la facultad para resolver aquellas determinaciones e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos, agrupaciones políticas, o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que infrinjan las disposiciones de la Constitución Política y las leyes aplicables.

En fechas pasadas el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, firmaron un convenio en donde ambas instituciones podrán intercambiar información sobre los ingresos y egresos de partidos, candidatos y coaliciones, incluido el secreto fiscal. Además, podrán conocer a las personas físicas o morales que soliciten su inscripción al Registro Nacional de Proveedores, con lo cual la autoridad electoral podrá validar qué partidos y candidatos lleven a cabo operaciones con empresas reales, esto es, que sus actividades sean lícitas. Con el ánimo de que sepa de cada partido, de cada organización política, candidato, qué hizo con los recursos otorgados en sus prerrogativas en cada gasto y en cada ingreso que tenga a través de la facturación electrónica

Y para “redondear el círculo”, el TRIFE firmó acuerdo de colaboración con La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para el intercambio de información de personas que cometan violaciones en materia electoral y tiene el objetivo de coordinar acciones entre ambas instituciones para combatir conductas de personas que violen los topes de gastos de campaña, que contravengan normas sobre propaganda política o electoral o que constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

En este caso, el SAT brindará la información fiscal, en particular aquella que permita dimensionar la capacidad económica de los infractores, a fin de que las sanciones económicas que se impongan estén dadas en proporción de su capacidad económica, y explicó que las disposiciones fiscales prevén como excepción al secreto fiscal la entrega de información a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos de su competencia.

Con estos acuerdos, a decir de las autoridades firmantes se busca la trasparencia en el financiamiento otorgado a los partidos políticos y candidatos ya que se buscará sancionar a aquellos que cometan conductas indebidas y que con el apoyo e información de la autoridad hacendaria se tenga la certeza de la capacidad económica del contribuyente señalado.

Aunque con estas firmas me parece que se legítima la fiscalización por medio del SAT, tanto a partidos políticos, candidatos, precandidatos, personas físicas o morales y hasta las agrupaciones políticas, ya que de primera mano con la facturación electrónica y la imposición de requisito para los proveedores de inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores del INE se vigilará gasto que se realice con cada proveedor, ya que se cruzará información, desafortunadamente “lolita” no siempre da buenas noticias y sí muchos dolores de cabeza. ¿Usted qué opina?.

Esperemos que los resultados que se prometen sean en realidad los obtenidos, porque como lo he dicho ya en otras entregas, esta elección será crucial y su objetivo será generar y mantener la confianza en las instituciones y en las disposiciones electorales. Al tiempo.

Como ciudadanos nos queda hacer lo que nos toca y eso es participar en las elecciones y emitir nuestro voto de manera libre y razonada. Espero sus comentarios al correo electrónico ivonne_ley@live.com.mx. Excelente semana