Implican en fraude a precandidato, consejera IET, notario y 2 ex funcionarios
19 de enero - 2015

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Apela Ministerio Público resolución de juez penal que canceló la orden de búsqueda, aprehensión y detención

Tlaxcala| Manuel Morales.- Benjamín Ávila Márquez y Leopoldo Zárate Aguilar, ex contralor y Notario Público, respectivamente, enfrentan un proceso penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), como probables responsables de los delitos de fraude específico y falsificación de certificaciones en agravio de la sociedad denominada Promotora Apizaquito S.A. de C.V., y del Gobierno del Estado.

Además de ellos, también se encuentran involucrados Wilfrido Domínguez Peña, ex titular de Secoduvi; Heriberto Gómez Rivera, ex encargado de la Consejería Jurídica; y Dulce María Angulo, actual Consejera del IET, por el mismo delito imputado.

Lo anterior por la presunta falsificación de documentos para la compra-venta de un predio denominado “Los ARA”, compuesto de 5 fracciones de la ex fábrica «Hilos y Tejidos de Apizaquito», de las cuales 3 fueron a parar a manos de un particular.

Y aunque el pasado 17 de septiembre el juzgado segundo de lo penal del distrito de Guridi y Alcocer canceló la orden de búsqueda, aprehensión y detención en contra de los acusados, tras considerar que no se tuvo “por acreditado el cuerpo de los delitos”, la agente del Ministerio Público se inconformó por lo que la resolución fue apelada ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

De acuerdo con el expediente de denuncia penal 272/2014, estos personajes que laboraron en el sexenio estatal pasado enfrentan un proceso penal que mantiene el estatus de activo “ya que participaron presuntamente en la sustracción y posterior ocultamiento del convenio de ocupación previa auténtico, así como en la elaboración del convenio de ocupación previa apócrifo de 3 de 5 fracciones del inmueble denominado Los ARA, ubicado en San Luis Apizaquito”, refiere el texto de la denuncia penal a la cual Gentetlx tuvo acceso.

El apoderado legal de la ex fábrica «Hilos y Tejidos de Apizaquito», Antonio Montes Peña, presentó la demanda en el año 2014 derivado de una serie de inconsistencias en la operación, entre ellas la existencia de un contrato de compraventa de 3.2 hectáreas que, asegura, es apócrifo ya que el legítimo propietario nunca intervino en el contrato y por ello presentó la denuncia penal ante la PGJE.

Inicialmente, en el 2007, se había firmado un convenio de ocupación en la ex fábrica para acondicionar un proyecto de beneficio social denominado “La Villa para la Tercera Edad”, sin embargo, en el 2009, se inició el procedimiento de expropiación del inmueble “por causa de utilidad pública”; este procedimiento corrió a cargo de la entonces Directora del Área de Expropiaciones, de la Consejería Jurídica, Dulce María Ramírez Angulo”.

El delito de fraude específico sería presuntamente cometido por Benjamín Ávila Márquez, Wilfrido Domínguez Peña, Heriberto Gómez Rivera, Dulce María Ramírez Angulo y Luis Ventoza Escalona, este último un particular que resultó el presunto comprador del inmueble.

Respecto de la falsificación de certificaciones, es imputado el delito al Notario Público número 3, Leopoldo Zárate Aguilar, por avalar los documentos y certificarlos sin corroborar la veracidad de éstos.

“Mismas personas que pudieron haber maquinado y suscrito en representación del titular del Poder Ejecutivo del Estado y suplantado al señor Antonio Montes Peña (representante de la ex fábrica)”, se lee en el texto de la demanda.

El denunciante dijo en su declaración que el predio consistente en 5 fracciones primero lo expropiaron para el uso del gobierno estatal, sin embargo 3 fracciones fueron vendidas a un particular llamado Luis Ventoza Escalona, sin que el apoderado legal estuviera presente ni de acuerdo, es más, ni siquiera sabía que estaba vendido hasta que indagó”.

Incluso una perito constató la falsificación de la firma del apoderado legal, plasmada en el documento mediante el cual se celebró el contrato de compra-venta.

En este sentido detectó que existía la escritura mil 347, del volumen 020 de la Notaría Pública 3, del Distrito Judicial de Hidalgo a cargo de Leopoldo Zárate Aguilar y el contrato de compraventa supuestamente celebrado.

El procedimiento de expropiación fue por un monto de 15 millones de pesos pagado en 2 cheques: uno por 13.9 millones y el segundo por 1 millón 24 mil 429 pesos.

Con fecha 23 de septiembre de 2013, se notificó el decreto de expropiación por causa de utilidad pública.