Tlaxcala| Manuel Morales.- Durante la presentación del diagnóstico del Fenómeno Migratorio en Tlaxcala 2014, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Francisco Mixcoatl Antonio, dijo que en la entidad “es letra muerta, y como resultado inaplicable e ineficaz” la Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias.

Durante la presentación del informe número 12, sugirió a los legisladores locales y autoridades en la materia a que realicen una reforma a por lo menos 10 artículos de la Ley en mención -3, 4, 5, 7, 13, 15, 17, 18, 19 y 22- pues actualmente no existe un reglamento que especifique un protocolo de acciones de protección a los migrantes y su cumplimiento por autoridades gubernamentales.

Este informe reveló que las principales violaciones a los migrantes son la falta de acceso a los servicios de salud, falta de servicios de justicia y la discriminación; además, reveló que de cada 10 migrantes, 8 de ellos sufren algún tipo de maltrato o violación y que solo es 1 por ciento de ellos han decidido formalizar una denuncia.

De acuerdo con la organización civil Un Mundo Una Nación, en el 2014 solo existe registro de 4 casos de denuncias con seguimiento jurídico y de salud: en 2 casos fue una negativa de acceso a la justicia ante intentos de secuestro en 2011 y 2 restricciones de acceso a la salud en 2011 y 2013, respectivamente.

La principal autoridad que presuntamente ha violentado las garantías de libre derecho al tránsito son los policías municipales de Apizaco al contabilizar 23 quejas y aquí, dijo Mixcoatl Antonio, se trata de una baja capacitación en los elementos y hasta desconocimiento en sus funciones, pues la única autoridad que puede detenerlos es el Instituto Nacional de Migración (INM).

En lo que va del año la CEDH ha radicado 24 quejas por probables violaciones a los derechos: 19 hombres y 5 mujeres; 17 de nacionalidad Hondureña, 2 del Salvador, 4 de Guatemala y 1 de Nicaragua.

Entre estas quejas se encuentran 10 violaciones a derechos a la legalidad, 6 por derecho a trato digno, 6 por derecho a la igualdad, 2 por derechos a la propiedad, 1 por derecho a la seguridad e integridad y 1 por derecho a la libertad personal.

El caso de las barras de concreto instaladas por Ferrosur, desde el pasado 6 de diciembre ya fue turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se pronuncie al respecto.