Sen. Adriana Dávila Fernández.

El 3 de diciembre del año en curso, la Cámara de Diputados Federal aprobó la minuta enviada por el Senado sobre la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

A diferencia de la Cámara de Senadores, donde fue aprobada por unanimidad, en la colegisladora diversos diputados realizaron reservas, especialmente al artículo 10 de la citada reforma,  que define el tipo penal del delito de trata de personas; 49 diputados se pronunciaron en contra, aunque el proyecto fue aprobado en lo general.

Es del conocimiento público que el marco legal vigente no ayuda a las autoridades a procesar y castigar a los culpables de la trata de personas; la sociedad en su conjunto se pregunta por qué existe la aplicación selectiva de la ley. Hay evidencia suficiente para mencionar que los delincuentes no son condenados y el delito es poco perseguido, basta con revisar el diagnóstico que presentó recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La trata de personas es un delito difícil de entender y fácil de confundir, lo que evidentemente ocurrió en la Cámara de Diputados, en donde se interpretó el delito de trata sólo como explotación sin considerar la cadena delictiva.

Para nadie es desconocido que este grave delito, no sólo lastima a las víctimas directamente, mismas que son engañadas, enganchadas, trasladadas, retenidas para fines diversos de explotación, sino afecta también a las familias de estas víctimas y de la sociedad en su conjunto. Tlaxcala ha sido estigmatizado como un estado de tratantes, lo cual entre otras cosas, ha limitado su desarrollo económico y social.

El perfeccionamiento de la ley es una gran responsabilidad para todos los legisladores. Nuestro trabajo exige, hacer leyes que beneficien a los ciudadanos de este país, y que castiguen con rigor y por delitos específicos, correctamente tipificados, a quienes violan la ley.

No podemos dejar cabos sueltos para que los criminales sigan libres. El deber parlamentario demanda escuchar, conocer y analizar las diferentes propuestas presentadas por expertos en la materia, autoridades encargadas de la procuración de justicia, de la atención a víctimas y de los representantes de los poderes judiciales, además de organizaciones civiles nacionales e internacionales, académicos, víctimas y afectados, como lo hicimos en el Senado.

Las modificaciones no fueron una ocurrencia o capricho personal; 16 meses de trabajo técnico-jurídico con los actores mencionados, las respaldan.

En febrero de este año aprobamos en el Senado de la República la minuta respectiva por unanimidad, y buscamos por todos los medios, informar, explicar y sensibilizar a las y los Diputados Federales, las consideraciones, motivaciones y alcances de los cambios presentados, lamentablemente por motivos que desconocemos no fue posible.

El dictamen que aprobaron contiene graves errores y deficiencias de carácter técnico-jurídico que se prestan a interpretaciones confusas y contradictorias.

A la luz de las modificaciones aprobadas por la Colegisladora, la trata de personas en México ya no existe, sólo se tipifica el delito de explotación. Esto puede derivar, en el caso de procesados o sentenciados en la promoción de amparos, bajo la premisa de que no realizaron actos de explotación.

En el proyecto aceptado en San Lázaro, se interpreta y limita el alcance del Protocolo de Palermo. No aporta elementos legales que contribuyan a facilitar el trabajo de las autoridades.

En palabras de la Senadora Diva Gastélum del PRI “…lo que es claro es que la ley que teníamos, y que hoy pareciera regresamos, no resolvió ningún problema, no había claridad porque yo pregunto, ¿cuánta gente está en la cárcel por el delito de trata? ¿A cuántos se han aprehendido? ¿Qué ha pasado con un delito que deja mayores ganancias que el narcotráfico y que el crimen organizado?”

En la aplicación de la ley, en caso de los tipos penales, no se puede dar lugar a interpretaciones; porque los ministerios públicos tienen que contar con toda claridad con los elementos suficientes para detener a los delincuentes.

La trata de personas, con el marco jurídico actual, es muy difícil de configurar y de ser aceptados los cambios que nos propone la Cámara de Diputados, estaríamos sin duda generando impunidad desde la ley; terrible irresponsabilidad de quienes estamos obligados a perfeccionar la legislación.

En términos generales, el sentido de la minuta aprobada por los diputados no resuelve el problema. Reitero, las y los Senadores de la República trabajamos en las modificaciones para perfeccionar el marco jurídico, sin mezquindades, caprichos o intereses particulares.

El país vive momentos difíciles, y más en temas de derechos humanos, no podemos dar salidas en falso que no atiendan los problemas de fondo. Se requiere claridad, efectividad, operatividad y sobre todo certeza jurídica.

No pretendo politizar el tema, desde que fui nombrada presidenta de esta Comisión he actuado con responsabilidad, pero no puedo permitir la ligereza de dichos, insinuaciones, difamaciones o acusaciones directas de complicidad con los tratantes.

Si se cuenta con elementos, que se denuncie, pero basta de declaraciones que sólo buscan los reflectores y el beneficio personal bajo la calumnia, la difamación y la mentira; que hoy son utilizadas  con el propósito de impedir avances en el marco normativo en materia de trata de personas

Finalmente aprovecho para agradecer la solidaridad y el respaldo del Senado de la República en su conjunto, sobre mi trabajo al frente de la Comisión Contra la Trata de Personas y  sobre la coordinación que las y los senadores tuvimos para la revisión y modificación de la ley en  la materia, buscando en todo momento, hacer un marco jurídico más eficiente.

Hoy la minuta está de regreso en la Cámara de Senadores y advierto, no cederemos a ningún chantaje, presión o intimidación para culminar el proceso legislativo; mucho menos de quien bajo la bandera de una supuesta defensa de las víctimas, evidentemente ha obtenido beneficios económicos y políticos y tiene intereses personales para que este tema no se resuelva.