Tlaxcala| Manuel Morales.- El ex gobernador de Tlaxcala, Héctor Ortiz Ortiz fue inhabilitado por 10 años de la administración pública tras un segundo proceso administrativo que inició la Contraloría del Ejecutivo Estatal.

De acuerdo con el reporte, la Contraloría emitió la resolución desde el pasado 8 de mayo de este año y por el cual aplicó una nueva inhabilitación para no ejercer algún cargo público.

Esta sanción se aplicó derivado de que Ortiz Ortiz otorgó un indulto a un defraudador de forma irregular.

El 15 de septiembre de 2010 -último año de su gobierno-, el ex gobernador otorgó el indulto por el cual dio la libertad a José Luis Sánchez Pérez, quien fue sentenciado a seis años y seis meses en prisión por haber cometido el delito de fraude.

Dentro del proceso de investigación por la Contraloría, detectó anomalías dentro de la función pública y por tanto violó el artículo 59, fracciones I y XX de la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos.

Dentro de las irregularidades encontradas por la dependencia destaca que el indulto se realizó sin que el reo cumpliera con las dos terceras partes de la sanción interpuesta, es decir, cuatro años y seis meses de los seis años seis meses de la sentencia original.

Sólo había purgado una condena de un año en prisión, además de que no reparó el daño causados por el delito que cometió.

Por esta investigación el ahora Héctor Ortiz, hermano del diputado local Serafín, enfrenta una segunda inhabilitación; la primera de ellas por 5 años quedó asentada en enero de 2012 bajo el procedimiento 92/2011/DJ/ DRA de la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP).

La sanción fue por incurrir en nepotismo, pues durante su sexenio como gobernador contrató a tres hermanos: Elvia, Rosalba y Rodolfo Ortiz Ortiz; su primo, Félix Ortiz Salinas  y su cuñado, Eduardo Lozano.

Aunado a ello, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en mayo del 2012, solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) iniciara una averiguación previa por los hechos documentados en la liberación del reo de forma irregular, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, falsedad de informes y presuntos delitos en otros ramos del poder público.

Por ello emitió la recomendación 5/2012 por resolución de la queja CEDHT/6VG/16/2010.